Hace 20 años, en 1994, se aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos que anulaba los contratos de renta antigua en el caso concreto de los locales comerciales en España, por lo que desde el 1 de Enero de 2015, plazo en que se cumplía la moratoria que se dió de veinte años, todos estos tipos de contrato han desaparecido, de manera que todos los negocios que tenían un contrato de renta antigua llevado a cabo con anterioridad a mayo de 1985, se han visto obligados a actualizar y renegociar las condiciones de sus contratos de alquiler antes de la fecha límite del 31 de diciembre, siempre que el titular del mismo sea una persona jurídica, ya que las personas físicas no se encuentran recogidas dentro de esta Ley.
Para muchos negocios tener un contrato de renta antigua, caracterizados por tener un coste de alquiler bajo respecto al mercado actual y un duración muy larga, era la tabla que mantenía a flote su negocio en tiempo en los que minimizar al máximo los costes era la única manera de salir adelante. Por lo que, el fin de esta moratoria ha puesto en pie de guerra a todas las organizaciones empresariales, solicitando al gobierno un prórroga de cinco años en todos los alquileres de renta antigua afectados, para evitar, en muchos casos, el cierre de los mismos, ya que se ven incapaces de hacer frente al incremento que supondrá el coste del alquiler ante la entrada de la Ley.
Esta medida, que según la Asociación UPTA (Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos) afecta a unos 75.000 contratos de alquiler, a su vez pone en peligro a casi 520.000 puestos de trabajo, lo que resultan datos demoledores.
La respuesta del gobierno a la petición de esta moratoria parece negativa, ya que la única respuesta oficial hasta este momento fue la realizada el pasado 7 de diciembre en el Congreso por el ministro de Economía, Luis de Guindos, que enfatizó que esta Ley de Arrendamientos Urbanos, ahora ya vigente, fue aprobada hace 20 años, indicando que existían opciones para adaptarse de manera que no resultase tan agresiva para los comercios.
Todo ello no parece satisfacer las necesidades actuales de los comerciantes. Ni siquiera la supuesta «recuperación económica» resulta un consuelo para ellos, que sienten que no cuentan con el apoyo necesario por parte del gobierno en estos momentos.
